- 2012elections - 9/11 Special Coverage - aca - africanamericanalzheimers - aids - Alabama News Network - american - Awards & Expo - bees - bilingual - border - californiaeducation - Caribbean - cir - citizenship - climatechange - collgeinmiami - community - democrats - ecotourism - Elders - Election 2012 - elections2012 - escuelas - Ethnic Media in the News - Ethnicities - Events - Eye on Egypt - Fellowships - food - Foreclosures - Growing Up Poor in the Bay Area - Health Care Reform - healthyhungerfreekids - howtodie - humiliating - immigrants - Inside the Shadow Economy - kimjongun - Latin America - Law & Justice - Living - Media - memphismediaroundtable - Multimedia - NAM en Espaol - Politics & Governance - Religion - Richmond Pulse - Science & Technology - Sports - The Movement to Expand Health Care Access - Video - Voter Suppression - War & Conflict - 攔截盤查政策 - Top Stories - Immigration - Health - Economy - Education - Environment - Ethnic Media Headlines - International Affairs - NAM en Español - Occupy Protests - Youth Culture - Collaborative Reporting

Sin cambios en la política de inmigración

New America Media, Comentario, Marielena Hincapié, Traducido por Cristina Fernandez-Pereda Posted: Jul 23, 2009

English Translation

Nota del editor: La decisión de la administración Obama de extender el programa 287(g) que permite a las autoridades locales actuar como agentes de inmigración está mal enfocada, según Marielena Hincapié. Hincapié es la directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, miembro de la organización Detention Watch Network, una coalición nacional que trabaja por la reforma de inmigración, y el sistema de detenciones y deportaciones. IMMIGRATION MATTERS retrata las voces de las organizaciones por los derechos de los inmigrantes.

Imagine que usted, un ciudadano estadounidense, fuera víctima de un crimen del que fuese testigo una persona indocumentada. Como resultado de los acuerdos draconianos de la era Bush o el programa 287(g), esta persona se encontraría en gran riesgo de ser deportada si contara a las autoridades lo que acababa de ver. La policía entonces carecería de información vital para encontrar al atacante, dejando a toda la comunidad mucho mas vulnerable ante la repetición de posibles ataques. Esta no es forma de prevenir y resolver el crimen en nuestras comunidades, y de ningún modo nos hace mas seguros.

Suena a otro plan errado de Bush que Obama ha terminado por arreglar. De ninguna manera: el 10 de julio, la administración Obama anunció que extendería el programa, dando a las autoridades locales el poder de hacer cumplir leyes de inmigración a sus constituyentes en 11 jurisdicciones nuevas.

Históricamente, la aplicación de leyes de inmigración ha estado reservado al gobierno federal. Desde 2002, primero el Servicio de Naturalización e Inmigración y después las Autoridades de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) – un apartado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) – han llegado a acuerdos con varias agencias de seguridad locales para que actúen como agentes de inmigración. Estos acuerdos, autorizados por la sección 287(g) del Acta de Nacionalidad e Inmigración, han llevado a extensos abusos de poder, incluyendo perfiles raciales y registros y retenciones inconstitucionales.

ICE asegura haber hecho cambios para asegurar que pondrá fin a las redadas de trabajadores y a los perfiles raciales, pero – dado el historial de la agencia -- ¿es la extensión de 287(g) una buena forma de probar esta teoría?

Un poco de maquillaje en los acuerdos no va a proteger a las comunidades de los sheriff que hacen redadas en vecindarios de latinos o que piden papeles en función del color de la piel. La verdad es que no hay suficiente supervisión federal para asegurar que estas prácticas no van a continuar. Sheriff Joe Arpaio en el condado de Maricopa, que cuenta con un acuerdo 287(g), sabe esto. Aunque el es objeto de numerosas denuncias al Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de DHS y denuncias privadas por violación de derechos civiles, Arpaio ha declarado a la prensa que le da lo mismo lo que digan o encuentren los investigadores federales.

Los inmigrantes no son los únicos que deberían preocuparse por la extensión del 287(g). Los ciudadanos conscientes de su seguridad pública en los condados que tienen este acuerdo han visto cómo muchos de sus preciados recursos han sido retirados de la lucha y prevención contra el crimen para destinarlos a patrullar los parking del Home Depot y averiguar si las personas que están allí esperando tienen documentos de inmigración. En situaciones económicas duras, sencillamente no tiene sentido ahogar todavía mas fuerzas policiales que ya carecen del suficiente equipamiento y personal con un trabajo que corresponde al gobierno federal.

Estos acuerdos no solo entorpecen nuestras libertades civiles y dañan nuestras economías locales. También crean malas prácticas de seguridad pública. Muchos jefes de autoridades legales están entre los mayores oponentes a la extensión del programa para cazar inmigrantes, enfatizando que este programa reduce sus capacidades para luchar y prevenir el crimen. El día 1 de julio de este año, los jefes de 64 grandes áreas urbanas se pronunciaron en contra de 287(g) y la localización de nuevas medidas de lucha contra la inmigración, que comprometen la confianza entre las autoridades y las comunidades a las que sirven.

Además, este nuevo acuerdo de actuación (MOA por sus siglas en inglés) entre las autoridades locales y DHS establece un peligroso antecedente para la privacidad. De acuerdo con DHS, información “que resulte o sea obtenida gracias a este MOA … no será considerada como información pública”. Es decir, el gobierno no considera que sus tácticas de lucha contra la inmigración merezcan supervisión publica. Esta es una declaración preocupante por parte de una administración que había prometido un gobierno mucho mas transparente. La revisión de los MOA asegura que el público será mantenido fuera del proceso de acuerdo y no podrá afectar a sus resultados.

Algunos argumentaran que estos pequeños cambios en el programa 287(g) son evidencia del esfuerzo de la administración Obama para crear el espacio político para la reforma migratoria. Poner todo el peso del respeto a las normas legales en autoridades que sufren reducciones en la recaudación de impuestos, falta de recursos y carecen de entrenamiento adecuado es inaceptable. Lo más obvio es que con o sin reforma de inmigración, darles a las agencies locales el poder de hacer cumplir las leyes migratorias es una locura demasiado cara.

Externalizar las responsabilidades de inmigración a autoridades locales solo hace que las comunidades sean mas peligrosas, porque se marginaliza a los miembros mas valiosos de nuestra sociedad. La destrucción de familias, la criminalización de los inmigrantes y personas de color, y la creciente falta de confianza en las fuerzas policiales que necesitan el apoyo de dichas comunidades para mantenernos seguros son la forma equivocada de actuar. Es el momento de que el Presidente Obama deje de seguir los pasos equivocados de Bush y deje atrás sus políticas migratorias absurdas, suspendiendo programas como 287(g) y liderando el país hacia una reforma humanitaria.



Page 1 of 1

-->




Advertisement


ADVERTISEMENT


Just Posted

NAM Coverage

NAM en Español