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Honduras: ¿Vamos a hacer concesiones a los golpistas?

New America Media, Comentario, Dana Frank Posted: Jul 16, 2009

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Más de 35 profesores y expertos en los asuntos de América Latina han mandado una carta abierta a la Secretaria del Estado de los EEUU Hillary Clinton, que urge contra la idea de elecciones tempranos en Honduras como una resolución para la crisis actual que resultó del golpe de estado el 28 de julio. Dana Frank, profesora de la Universidad de California, Santa Cruz es una de ellos.

Ahora que el presidente legítimo de Honduras está reuniéndose en "negociaciones", en Costa Rica con Roberto Micheletti, el mismo hombre que ordenó su secuestro y traslado fuera del país a punta de pistola, podemos preguntar: ¿Qué significa "negociar" con los que perpetraron un golpe?

El Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, está mediando algún tipo de compromiso. ¿Hay expectación de que Zelaya, el presidente electo, deba claudicar? ¿Es equiparable Zelaya al señor Micheletti en esta cuestión? ¿Qué, exactamente, debe ser negociado?

Aunque muchos ultraderechistas gritan que Zelaya estaba tratando de subvertir la constitución de Honduras -- algo que no estaba haciendo -- Micheletti y sus oligarcas podrían haber seguido un procedimiento constitucional si eso hubiera sido el caso. La constitución hondureña permite acusaciones a una persona de alto rango por delitos cometidos en el desempeño de su cargo, y también hay una estructura legal que permite que un presidente pueda ser acusado y dado permiso para defenderse. Micheletti y el General Romeo Vásquez, al contrario, con el apoyo de la Corte Suprema y la mayoría del Congreso, subvirtieron completamente el imperio de la ley y ocuparon militarmente el país.

Desde que la Secretaria del Estado de los EEUU Hillary Clinton, anunció el miércoles que Arias actuaría de mediador de una posible solución, sindicalistas, grupos de derechos humanos, y académicos hondureños han expresado alarma sobre el mismo concepto de negociar con los que perpetúan golpes de estado. Podemos unirnos con ellos en subrayar el peligro de hacer concesiones a los que lanzaron, apoyaron, y llevaron a cabo un golpe militar, y la posibilidad de sentar un precedente peligroso al hacerlo.

Como observó el miércoles German Zepeda, presidente de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras (COSIBAH), "¿Será que en cualquier país de la región se podrá dar un golpe de estado y premiarlo con un negociación?" Él señala que la iniciativa de los EEUU en establecer mediación puede convertirse en la norma del futuro político en la región.

Leticia Salomón, socióloga y economista hondureña destacada, subraya en un análisis del 3 de julio los elementos claves que son necesarios en cualquier solución al conflicto: no solamente la restitución de Presidente Zelaya en su cargo, sino también una deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley, incluyendo el magistrado de la Corte Suprema, los militares, y los diputados que votaron apoyar la falsa presidencia de Micheletti, y quienes falsificaron documentos en los que Zelaya supuestamente renunció a su cargo.

"Los derechos humanos no son negociables," declara el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH)--un grupo independiente de sociedad civil que no se debe confundir con la oficina pro-golpe de derechos humanos del gobierno golpista de Micheletti. En una carta del miércoles el 8 de julio, anotaron que no podemos aceptar impunidad para los que han violado derechos humanos en todas partes de Honduras durante los diez días previos, por asesinatos, tortura, reclutamientos forzados, detenciones ilegales, y otros delitos.

CIPRODEH especifica demandas mínimas que empiezan con la desmilitarización inmediata del país. Mucha gente fuera de Honduras no es consciente de que desde el momento en que empezó el golpe, el ejército ocupó todas las facilidades gubernamentales en todo el país. Las policías han sido subsumidos bajo control militar. Los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho de expresión y moverse de manera libre, y que una residencia no pueda ser rastreada sin orden judicial, han sido suspendidos. Asimismo, demanda que termine el uso de armas químicas y letales para reprimir manifestaciones, y la destitución de las Fuerzas Armadas de responsabilidad de control de manifestaciones públicas. Finalmente, quiere el retorno de los servicios públicos al control civil.

Dado que tantos actores políticos están involucrados en el golpe, la situación es sumamente difícil. Al tratar de imaginar una solución, no obstante, es esencial que rechacemos un escenario en el que se da concesiones a los que perpetraron el golpe, en algún tipo de "compromiso" en que a los generales, magistrados, y diputados de Congreso que lo perpetraron se les permita continuar en sus cargos. Cómo subraya Salomón, será necesario recurrir magistrados de países de afuera de Honduras para hacer justicia a la situación.

El golpe tampoco debe llevar a concesiones al poder de los EEUU. Cuando Jean Bertrand Aristide, presidente de Haití, fue derrocado en un golpe de estado en 1991, EEUU ayudó en su evacuación por avión y lo reemplazó en su cargo; pero con condiciones: que Aristide apoyara la políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que causó mayor pobreza y un segundo golpe. Hoy, en Honduras, advierte Greg Grandin en The Nation, "Washington debe seguir el resto de las Américas y resistir la tentación de imponer condiciones a su apoyo de Zelaya en su cargo".

Cualquier solución al golpe debe tener en cuenta las mismas condiciones que lo produjeron; no solamente la pobreza ahora tan famosa en Honduras, sino el control casi total del proceso político por los dos partidos dominantes y un puñado de oligarcas que durante décadas han dirigido Honduras, con el apoyo armado del gobierno de los EEUU en la base militar de Soto Cano (Palmerola).

En los EEUU, oímos mucho sobre "no hacer concesiones a terroristas". Mientras avanzamos en lo que esperamos sea una nueva época política, es necesario cuidarnos también de dar concesiones a los que perpetúan golpes de estado--especialmente en América Latina, donde los EEUU todavía necesita demostrar que está claramente en contra de golpes militares y no los aprovechará para su propia estrategia.

Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de California, Santa Cruz y autora de "Bananeras: Women Transforming the Banana Unions of Latin America" (Bananeras: Las mujeres transforman a los sindicatos de bananeras en América Latina).





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